Los posibles problemas económicos que hemos tenido se están solventando", decía en junio a este diario Antonio Redondo, presidente de la Asociación de Minusválidos del Campo Arañuelo (AMCA). Ayer, los que hablaron, fueron tres socios y miembros del comité de empresa que denunciaron la situación económica de AMCA, que apunta a la desaparición ante la posible presentación de un ERE de extinción, que afectaría a los 34 trabajadores actuales, cifra muy lejana del centenar que llegó a tener este Centro Especial de Empleo hace unos años.

Según los datos aportados por Faustino Palacios, presidente del comité, Juan Toré y Joaquín González, AMCA debe alrededor de 1,2 millones de euros a entidades bancarias, cantidad a la que habría que sumar 90.000 euros de deuda a una empresa de electricidad morala, facturas a Iberdrola, cuotas a la seguridad social, facturas a distintos proveedores, además de tres meses de sueldo a los empleados.

Y ellos apuntan con el dedo a Redondo, porque "no aporta datos, lleva años sin convocar ninguna asamblea y no ha convocado elecciones desde hace 10 años". Este periódico intentó contactar ayer sin éxito con Redondo. Según el presidente del comité, está de baja, algo que no se ha podido confirmar.

El comité, ante la falta de documentación --una situación que han denunciado ante la inspección de trabajo--, ha hecho sus cálculos y estima que en solo seis años AMCA recibió más de 1,8 millones de distintas subvenciones, dinero que habría que sumar a los beneficios que daba la actividad. Los trabajadores anuncian que tomarán acciones legales gracias al apoyo del Partido Comunista (PC) e Izquierda Unida, en cuya sede se celebró ayer la rueda de prensa.

"Los informes de la inspección de trabajo durante los últimos EREs eran muy desfavorables y negativos, pero al final la Administración los aprobó", apuntó Palacios. "No queremos decir que haya robado, pero dónde está el dinero", insistía el presidente del comité. De momento, van a pedir responsabilidades. Paulino Luna, secretario general del PC, denunció que "no ha habido ningún control de los fondos públicos".

Una nueva fábrica de papel dejó de funcionar la semana pasada, cuando de un día a otro desaparecieron las máquinas.