Reconoce que lo ha pasado mal. Y no podía ser de otro modo cuando el alcalde de Talayuela, Raúl Miranda, ha estado durante más de un año imputado por la Fiscalía Superior de Extremadura por la presunta comisión de un delito urbanístico. En concreto, y según publicó este diario el pasado 22 de febrero, se le investigaba por presunta prevaricación urbanística "por la concesión de licencias claramente contrarias a la ley".

Ahora, con la causa archivada, el primer edil clama que "todo estaba bien", defiende su inocencia y recuerda que la denuncia le sorprendió. De hecho, según explica su abogado y él mismo confirma, "el caso surgió por una denuncia entre cuñados en la que se puso al ayuntamiento en medio". "Se ha investigado hasta el final y se ha demostrado que todo se había hecho de forma correcta", añade Miranda.

Todo comenzó en marzo de 2008 por la denuncia de un vecino en el puesto de Seprona en Jarandilla por unas obras en Barquilla de Pinares, entidad menor perteneciente a la localidad de Talayuela. "Fuimos a hablar con la Guardia Civil y a llevar toda la documentación y nos dijeron que seguramente el caso se archivaría, pero sorprendentemente lo llevaron al juzgado", relata el abogado. Una vez en el juzgado número dos de Navalmoral la jueza determinó que no existía ningún viso de delito y decidió archivar el caso, pero la fiscalía recurrió el auto de archivo de actuaciones, recuerda el abogado, a quién sorprendió la actuación del ministerio fiscal.

Finalmente, la jueza de Navalmoral envió el caso a la Audiencia Provincial y ha sido ésta la que hace un mes dictó resolución desestimando el recurso del ministerio fiscal, confirmando el auto de archivo y exonerando todo tipo de responsabilidad del ayuntamiento talayuelano y, por ende, de su regidor.

Pero más allá de que la Justicia le haya dado la razón, Miranda defiende su actuación en todo momento. Afirma que por un error administrativo la anterior corporación municipal concedió una licencia de obras para la instalación de unas placas solares en un terreno con una calificación especial y que al ver el error él mismo paralizó las obras y llevó la modificación de la calificación del suelo al pleno municipal, que la aprobó.

Tras este trámite burocrático se reanudaron las obras, pero luego llegó la denuncia. "Fuí yo el que paró las obras", recuerda Miranada con la razón judicial bajo el brazo.