WLw a posición de los grandes sindicatos españoles ante la crisis económica que padecemos es especialmente complicada. Por un lado, están obligados a exhibir fuerza reivindicativa por el desastre del paro desbocado y la ausencia de síntomas de recuperación. Por otra, no pueden arremeter contra un Gobierno cuyo primer compromiso en la batalla contra la crisis es no ceder a las reclamaciones de la derecha económica de abaratar el despido y flexibilizar todavía más el mercado laboral.

Dicho de otra manera, los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, tienen, como representantes de los trabajadores, sobrados motivos para mostrar su rostro más duro, pero por otro lado saben que el Gobierno socialista, el primer receptor de las protestas sindicales, es su aliado en un momento de zozobra y que el presidente Rodríguez Zapatero está aguantando el tipo frente a las pretensiones de las patronales y de los grupos neoliberales.

Las concentraciones del Primero de Mayo celebradas ayer en las principales ciudades españolas --en la protesta unitaria de Mérida se concentraron, según los organizadores, unas 4.000 personas-- estuvieron atravesadas por esa contradicción. No deja de ser curioso que sea la derecha la que, aunque de forma sutil, aliente a los sindicatos a movilizarse contra el Gobierno con la convocatoria de una huelga general. ¿Por qué lo hicieron contra Aznar y no lo hacen contra Zapatero cuando el paro no cesa de crecer?, se preguntan. Y desde las filas socialistas se responde que qué arreglaría ahora una huelga general.

La proximidad de las elecciones europeas del 7 de junio no contribuye precisamente a separar lo que debería ser la acción sindical de la batalla política pura. Es más, ayer se dieron los primeros avisos de las centrales sindicales, especialmente CCOO, de que el Gobierno debe dejar claro su compromiso con los trabajadores en el debate parlamentario sobre el estado de la nación, convocado para el 12 de mayo, si no quiere ver enturbiada la posterior campaña europea.

Tal vez los sindicatos deberían hacer un ejercicio de humildad y, antes de entrar en el terreno político, admitir que la crisis también les ha pillado sin alternativas que vayan más allá de eslóganes tipo del "ni un paso atrás".

Es comprensible que las direcciones de UGT y CCOO estén presionadas por sus bases a las que representan, pero de ahí a pretender marcar el calendario político inmediato con la amenaza de convocar una huelga general --que siempre castiga al Gobierno y premia a la oposición-- hay un buen trecho.