El pulso entre las instituciones del Estado y las de la Generalitat a cuenta del referéndum del 1-O se disputa ahora en el terreno del tercer escalón administrativo: los municipios. Después de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras, pidieran por carta a los alcaldes catalanes que cedieran espacios municipales para convertirlos en puntos de votación el 1-O, ayer el Gobierno central recordó a los municipios que deben «cumplir la ley». Pasadas las 48 horas que Puigdemont y Junqueras dieron a los alcaldes para pronunciarse, más de la mitad de municipios de Cataluña han confirmado que cederán espacios para la consulta, pero las ciudades más pobladas o bien se niegan o bien no acaban de pronunciarse. En el primer grupo se encuentran L’Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet, cuyas alcaldesas ya han comunicado al Govern que obedecerán al Tribunal Constitucional. Barcelona, por su parte, ha congelado la decisión y ha pedido a Puigdemont que le aclare cómo organizará la consulta tras el veto del Tribunal Constitucional. Ya han empezado las protestas y escraches contra los ayuntamientos refractarios al 1-O, antidemocrática presión que la cúpula independentista debería condenar en vez de alentar.

A nadie se le escapa que la decisión de los ayuntamientos es crucial, ya que son una parte fundamental de la logística de una convocatoria electoral. En caso de que desoigan al TC y colaboren en la organización del referéndum, los funcionarios se exponen a consecuencias legales. Por eso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dice que no quiere poner en riesgo a los funcionarios ni a la institución.

Legalmente no habrá tregua con el 1-O. De forma metódica y sin las decisiones extremas que muchos le piden, Mariano Rajoy está usando todos los resortes del Estado de derecho para frenar la consulta, y la justicia está actuando. Ayer, el TSJC admitió la querella de la fiscalía e investigará a Puigdemont y a todo el Govern por prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos.

Además, se ha iniciado el proceso de notificación de las resoluciones del TC a cargos como el mayor de los Mossos y el secretario general del Parlament. La desobediencia no es un concepto teórico del mundo antisistema, sino una realidad con consecuencias legales. Por eso, los ayuntamientos no deben contribuir a la situación de excepción y deben permanecer dentro de la ley. Es su deber.