El presidente del Gobierno, necesitado de gestos populares que hagan olvidar al Prestige, ha decidido cumplir la promesa electoral del cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas. Así, los miembros de ETA condenados a 30 o más años de cárcel los apurarán en su totalidad, incluso si se arrepienten. Y añade algo más: los defraudadores de fondos públicos sólo tendrán tercer grado carcelario si devuelven lo sustraído.

Según este proyecto, a diferencia de otros delincuentes tanto los terroristas como los políticos corruptos rendirán cuentas a la sociedad de una manera particular. Los primeros, sin tener derecho a los beneficios de la buena conducta carcelaria. Los segundos, dejando condicionadas esas reducciones de pena al nivel de arrepentimiento completo que comporta la devolución del dinero robado. Muchos juristas dicen que esta reforma, que gozará probablemente de amplio apoyo popular, tiene difícil encuadre en la Constitución, que prevé que las penas de cárcel estén orientadas "hacia la reeducación y reinserción social" y no al castigo. Otros expertos señalan que, además, cegar la vía de la reinserción acabará con una de las mejores maneras de erosionar a ETA. El debate, difícil, está servido.