Más de 900 líneas del 906 operaban de forma irregular en Extremadura, según los datos recogidos por la comisión encargada de velar por la transparencia de estos servicios y su adecuación a la legalidad vigente. De la inspección realizada se deduce que existe un amplio mercado que se mueve a través del servicio telefónico, cuyo grado de responsabilidad de cara al usuario, en numerosas ocasiones, acaba cuando finaliza la llamada. Este comercio ha experimentado un inusitado auge porque permite pingües beneficios para las empresas sin que sea necesaria una gran inversión. La proliferación de empresas piratas pone de manifiesto lo fácil que resulta burlar la ley a unas sociedades que dejan, por un lado, en clara desventaja a quienes sí llevan a rajatabla la actual normativa y, por otro, provocan la total indefensión a los usuarios del 906, cada día más numerosos.
Los excesos que se dan en torno a este servicio sólo podrán atajarse desde un exhaustivo control por parte de la Administración, las empresas legalmente establecidas y las asociaciones de consumidores. Todas ellas deberán incidir en dar información sobre un sector en expansión y velar porque el escaso marco legal que lo regula se cumpla al pie de la letra.
