El nuevo estatuto deja un Estado residual en Cataluña, a juicio del presidente de la Generalitat. En el País Vasco, donde ya era un residuo, está en vías de reciclaje, para que "los vascos y las vascas tengan la palabra y la decisión". Retórica, mensajes para las bases, la cantinela de siempre o expresión de una voluntad política fuerte e inequívoca que se va imponiendo sobre cualquier intento de contención. Se puede afirmar que las reformas estatutarias, las transferencia de competencias y decenas de leyes modificadas facilitarán la actividad política de los partidos nacionalistas, pero no se puede afirmar a priori que mejorarán las políticas de estado.
Las reivindicaciones nacionalistas sin fin ni límites tiran de las reformas estatutarias hasta resquebrajar el ordenamiento jurídico único, que subyace a la unidad de mercado y al juego de pesos y contrapesos de los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, de cuyo equilibrio penden los derechos y libertades de todos y cada uno de los españoles. Los gobiernos nacionalistas han utilizado a fondo los poderosos medios de comunicación que controlan y las competencias transferidas en el sistema de enseñanza para expulsar simbólicamente todo lo que representa al Estado opresor . Han ganado la batalla en la opinión pública de sus respectivos territorios por mucho tiempo, lo que a su vez les da más capacidad y mayor influencia en la definición de las políticas de Estado.
XNO ESx previsible, sin embargo, que ningún gobierno autonómico vaya a querer menos que el vecino. En los próximos meses veremos cómo se aplica la cláusula Camps, o si se apuntan a la lista de beneficiarios del Estado residual los gobiernos de Galicia, Andalucía, Baleares o Aragón. Las regiones ricas por unos motivos y las regiones pobres por motivos opuestos quieren incrementar su participación en los impuestos estatales, el IRPF, el IVA y demás. Pero si la Administración General del Estado solo dispone de competencias y recursos residuales, ¿con qué legitimidad se va a desligar el gasto en una comunidad autónoma del lugar donde se pagan los impuestos? ¿Pueden ser sólidas las políticas de cohesión y de solidaridad estatales si la financiación no es suficiente y transparente? El supuesto de un Estado residual en Extremadura es cuando menos paradójico. El autogobierno autonómico se ejerce sin mayores problemas en coordinación y cooperación con las otras administraciones públicas, según las relaciones jerárquicas y multilaterales constituidas. Las prioridades y la financiación de los grandes proyectos peninsulares, resultado de procedimientos democráticos de elección pública, han revalorizado el potencial de crecimiento y bienestar de Extremadura. Los extremeños se han beneficiado como los que más del Estado autonómico, dejando atrás una historia vivida en la periferia y la marginación. Todavía, no obstante, hay que reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales respecto a la media nacional. En el futuro próximo, por supuesto, seguirá siendo decisivo el concurso de todas las administraciones para hacer viable una estrategia de reestructuración sectorial y desarrollo sostenible en zonas rurales con baja densidad de población y envejecidas. Una estrategia que extienda las oportunidades del mercado único de la UE y de la globalización de los mercados internacionales a núcleos de población de dimensiones económicas reducidas, y alejados de las grandes ciudades, para mantener la población y evitar el riesgo de despoblamiento en gran parte del territorio extremeño.
Sometidos a discusión racional, dejando a un lado las pasiones, que sin duda pueden ser más fuertes que la razón en las luchas políticas, los cálculos sobre los beneficios del Estado residual son poco consistentes. Se apoyan en hipótesis parciales o sesgadas. Para las regiones ricas, son las balanzas fiscales, soslayando las balanzas comerciales, las del ahorro de las cajas de ahorro, del IVA que declaran las empresas públicas privatizadas, y un sin número que se podrían añadir. Para las regiones pobres, es la balanza que arroja una deuda histórica , o la balanza de la emigración de jóvenes trabajadores, si eso fuera posible. El Estado autonómico unitario ha conciliado los beneficios y las pérdidas de estas balanzas virtuales y ha ajustado muchas cuentas pendientes. Hasta el momento, nadie ha demostrado que exista una alternativa mejor para el conjunto de los españoles.
*Economista
