Las víctimas de abusos sexuales en un entorno, que podríamos definir democrático, no siempre permanecen trasparentes hacia el sistema que las debe de proteger y apoyar. Y esto ha ocurrido, concretamente, en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Educación, en el Departamento de Educación Física. Resulta verdaderamente contradictorio el concepto de educación con el de la comisión de abusos, en posición de dominio, por parte, en este caso, de un catedrático, director de departamento, con respecto a unas docentes discípulas. Pero así es, y así ha sido visto en sentencia, pendiente de apelación, en relación al fallo que ha recaído en el profesor Santiago Romero, que ha sido condenado y publicada la sentencia en enero de 2017 como autor penalmente responsable de tres delitos continuados de abusos sexuales previstos y penados por el art. 181.1 en relación con el art. 74, ambos del Código Penal y de un delito de lesiones del art. 147.1 del mismo texto legal, a las penas de dos años y tres meses de prisión, por cada uno de los delitos continuados de abuso sexual y la de un año de prisión, por el delito de lesiones del art. 147.1. Indicando, la propia sentencia, que en aplicación del código penal, del artículo 76, se establece un máximo de cumplimiento de seis años y nueve meses en prisión.
También se condena al pago de responsabilidad civil a las tres personas sobre las que ha ejercido el abuso, en distintas cuantías. Y a la Universidad de Sevilla como responsable civil subsidiario al pago de las anteriores cantidades. Leyendo la sentencia una no puede por menos que extrañarse en relación al contexto temporal de los hechos (años 2006 a 2010), acerca de la falta de resortes del propio sistema universitario y de la propia comunidad universitaria de hacer frente a este tipo de praxis. A pesar de las denuncias y datos que avalaban lo que las tres profesoras estaban sufriendo. Y ello ante la no acción de un Institución, como la universitaria, que las ha abocado durante bastante tiempo a estar sumida en una gran indefensión, y profunda injusticia.
Porque como muy bien dice la sentencia, las tres afectadas se han visto obligadas a abandonar su centro de trabajo, a exiliarse, y además de haber sufrido todo tipo de consecuencia para sus vidas personales y familiares. Y esto, frente a testimonios, presentados por el acusado en el juicio, que a base de definirle como un buen tipo, consideraban no apto para realizar este tipo de conductas delictivas. Y aún más, comentando este tema con una jueza, acostumbrada, desgraciadamente, a tratar todo tipo de abusos, me señalaba que, en ocasiones, los abusadores saben distinguir bien sobre sus víctimas, unas veces sólo chicos, otras chicas, u otras veces, subordinadas. Y esto no es más que una estrategia sobre una forma de delinquir. Pero nunca, una sistemática que haya que jugar como disculpa o atenuante.
En la propia sentencia se deja bien claro que este profesor, con amplia trayectoria en la carrera docente, tenía claro el hecho de ejercer el control de sus objetivos, y actuaba sobre docentes interinas, recién aterrizadas en su departamento, del que hacía bien gala de su predominio y dominio.
Lo más duro de la situación que aquí se ha juzgado lo ha constituido el hecho del sufrimiento tan atroz, sufrido por estas tres profesoras, que, a pesar de haber tenido ahora una sentencia a favor, hayan tenido que abandonar su lugar de trabajo, ante la falta de protección del entorno laboral, y la propia Institución, carente de medios o de voluntad para proteger a, en este caso, unas víctimas con secuelas directa hacia sus vidas personales y profesionales. Es lo que, a veces, se reprocha al entorno que no es capaz de proporcionar los medios necesarios cuando se están denunciando la comisión de hechos, que como constituyen los abusos sexuales, marcan el devenir de la vida personal de muchas mujeres.
En este caso, se trataba de un entorno académico, que se entendía no era posible que se dieran estos comportamientos. Y un actor que basaba su comportamiento en una posición de dominio y de empoderamiento, tal que era difícil romper la barrera de la credibilidad, frente al dolor de las víctimas. Espero y deseo que estas tres mujeres sientan el respaldo de una sociedad que debe reprobar y reprochar estas conductas, y obtengan el resarcimiento que de justicia les corresponde.
* Abogada.
