De cualquier comisión de investigación de un accidente se piden dos condiciones: que la integren personas capacitadas de oficio y que su dictamen sea eficaz, que no se dilate ni se adultere por intereses espúreos. En el caso del accidente del avión de Spanair del pasado 20 de agosto en Barajas, poco a poco se van conociendo datos que ponen en duda la idoneidad de los investigadores. De un lado, se ha sabido que la comisión permanente de investigación de accidentes aéreos --y de incidentes menores--, dependiente del Ministerio de Fomento, no atiende al criterio de eficacia: tiene por resolver 51 siniestros de todo tipo en aeropuertos españoles, que si no se recuerdan es porque hubo pocas o ninguna víctima. Con estos antecedentes, es difícil creer que la comisión pueda afrontar ahora el reto de esclarecer con diligencia el siniestro de Barajas. De otro, la misma composición de los investigadores, por su procedencia, tampoco es ninguna garantía de imparcialidad: con representantes de AENA, de los pilotos, de las aerolíneas y de los fabricantes del aparato, la sensación de que son juez y parte es notable. Parece razonable la petición de la recién creada asociación de afectados por el accidente de participar en las investigaciones con expertos propios.
Hasta ahora el juez se está apoyando exclusivamente en la comisión de investigación para llevar adelante sus pesquisas. Todavía es pronto para tomar otras determinaciones, pero el grado de eficacia y la composición misma de la comisión hacen aconsejable que, como ha ocurrido en otros casos, el juez se dote --sin regateo administrativo-- de los medios necesarios para contar con peritajes independientes y de calidad.
