El Tribunal de Justicia de la UE ha fallado contra el Gobierno español porque después de privatizar algunas grandes empresas públicas --Tabacalera (hoy Altadis) y Argentaria, entre otras-- pretendía continuar influyendo con una especie de derecho de veto a sus políticas de alianzas internacionales a través de la denominada acción de oro. A la Comisión Europea --el gobierno colegiado de Bruselas-- los tribunales le han vuelto a dar la razón en su denuncia de las prácticas restrictivas de todos los gobiernos de la UE, no sólo el español. Los efectos de esa sentencia, pese a ser parecida a las que afectan a otros países, no puede disimularse bajo el principio de que es un mal de muchos otros estados. En España merece una interpretación singular. El Gobierno del PP ha sido el que ha ido más lejos en la privatización de empresas públicas pero manteniendo, además, un triple control: nombrando a sus presidentes, conservando la ilegal acción de oro y adulterando la independencia de los órganos de control de mercados, que han quedado desprestigiados. Como la CNMV, que no detectó a Gescartera, o la Comisión Nacional de la Energía, que ha cortocircuitado, con débiles argumentos, la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola.
