WTw odo parece discurrir según un guión minuciosamente previsto. El vicepresidente Pedro Solbes presentó el documento sobre el que discutir la nueva y esperada propuesta de financiación de las comunidades autónomas --sin cifras ni porcentajes, aunque sí con sustanciales concreciones sobre la filosofía del modelo-- con argumentos previsibles. La propuesta, según el Gobierno, garantiza a todas las comunidades un nivel similar de atención a los servicios básicos --sanidad, educación y servicios sociales-- y eleva la autonomía financiera de estas, así como su grado de corresponsabilidad fiscal. La propuesta, además, según se encargó de destacar el vicepresidente, cumple con el Estatuto de Cataluña, exigencia de la Generalitat y del PSC.

Las reacciones suscitadas por el nuevo documento han sido para todos los gustos. La Junta de Extremadura, por boca del presidente Fernández Vara, lo ha considerado tibio, puesto que junto a aspectos que le habían gustado "menos" --como el concepto de ´esfuerzo fiscal´, como si ese esfuerzo no dependiese del nivel de renta de las personas, sino según el territorio en el que se encuentre su domicilio--, había otros que le han gustado "mucho", como el de que el modelo esté basado en el principio de solidaridad. El PP, por su parte, entiende que el modelo es malo porque supondrá más impuestos y porque al disminuir la aportación del Estado "se pone en peligro la posibilidad de prestar servicios de calidad".

En un primer análisis, parece evidente que la cesión por el Gobierno central del 50% del IRPF (antes el 33%), el 50% del IVA (antes el 30%) y el 58% de los impuestos especiales (antes el 40%) dota a las comunidades autónomas de un flujo financiero que beneficia en mayor medida a las más potentes. En este sentido, la cesión de más porcentaje de impuestos no es una buena noticia para Extremadura.

Por contra, ante la evidencia --de justicia, por otro lado-- de que el aumento de población tendrá notable incidencia en el resultado del reparto final, el documento de Solbes incluye un concepto, el de ´población ajustada´, que representa un avance para Extremadura, puesto que incluye no solo la población sino también las características de la misma en cuanto a dispersión y envejecimiento, un caballo de batalla de Vara en la negociación. La creación de un nuevo fondo de solidaridad, llamado de Suficiencia Global, además de la del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, es otra buena noticia para las arcas regionales.

Todo indica que, una vez desencallado el proceso en las reuniones de los últimos días del año (que siguen hoy con otros encuentro de Zapatero con dirigentes autonómicos), el acuerdo político está cerca. Lo importante es que, al final, Extremadura siga manteniendo la mayor aportación per cápita del Estado. Es lo justo si se defiende el principio de la justicia distributiva.