La llegada de las nuevas tecnologías ha supuesto una gran revolución. La empresa privada se adaptó rápidamente a ofrecer sus servicios a través de internet y ahora parece que le ha llegado la hora a las Administraciones públicas.
Desde el año 1999, con la aprobación de la Ley de Protección de Datos, y pasando por 2003, con la Ley de la Firma Electrónica, llegamos a 2007, año que nos trajo la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que, resumidamente, trata de convertir las Administraciones públicas en administraciones electrónicas, de acuerdo con el principio de eficacia que consagra el art. 103 de nuestra Constitución. Esa ley, publicada el 23 de junio, otorgaba un plazo para que ayuntamientos, comunidades y Estado se pusieran a trabajar, pero finaliza el próximo 31 de diciembre y mucho me temo que la mayoría no habrán hecho los deberes.
Se consagra en dicha ley el derecho de los ciudadanos a comunicarse por medios electrónicos con las AAPP, incluso a elegir el canal mediante el cual desean hacerlo, ya sea internet, SMS, TDT, etcétera. Algo, que visto de esta manera, parece utópico en la actualidad, debería estar funcionando dentro de 8 meses.
XA PARTIR DEx ahora se pretende que esas administraciones se conciban como entidades al servicio de los ciudadanos y no como burocracias pesadas que siempre están exigiendo, para empezar el tiempo y el desplazamiento.
Evidentemente, estos cambios tendrán múltiples y variadas consecuencias en todos los agentes que intervienen en la relación ciudadano-administración. Como punto de partida, estas últimas deberán llevar a cabo un esfuerzo de simplificación de los procedimientos y sobre todo una gran inversión en personal y material informático, para lo que quizás no se haya elegido el mejor momento económico. Pero lo más importante y difícil será conseguir que los funcionarios modifiquemos no sólo nuestra forma de trabajar, sino que, de una vez por todas, seamos conscientes de que nuestro objetivo principal es la de servir al ciudadano y si éste demanda ahora una nueva forma de acceder a los servicios públicos, pues hay que reciclarse para poder satisfacerlo.
También los ciudadanos deberán modificar sus hábitos de conducta y empezar por conocer sus derechos (obtener información, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, ejecutar pagos y presentar alegaciones y recursos, son los principales).
Una vez que las administraciones tengan implementados estos procedimientos, el ciudadano podrá acceder desde su propio domicilio al registro de entrada de documentos a cualquier hora del día, todos los días del año; podrá pagar cualquier recibo pendiente; podrá conocer el estado de tramitación de los expedientes en los que sea interesado y obtener copias electrónicas del mismo y podrá solicitar que otra tercera administración aporte datos y documentos en su poder, en lugar de tener que hacerlo él mismo. En definitiva, se pretende que todos los procedimientos que ahora requieren la presencia física del ciudadano puedan tramitarse electrónicamente con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero, amén del favor que hacemos al medio ambiente y a nosotros mismos, por el ahorro de papel que se consigue.
Pero ello no va a significar que los ciudadanos que no dispongan de los equipos informáticos o de conexión a internet se vean vetados de esta modalidad de acceso a los servicios públicos, ya que la propia ley obliga a las administraciones a facilitar ese derecho a través de oficinas de atención libres y gratuitas. Donde sí debe haber un esfuerzo ciudadano es a la hora de tramitar la obtención de los documentos necesarios para hacer posibles esas comunicaciones, es decir, la firma electrónica o el DNI-e.
Por ahora, la firma-e se puede conseguir en varias entidades certificantes, aunque la más utilizada es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde se solicita por internet y tras personarse en una Administración (principalmente en Hacienda) para el cotejo de la firma, se descargan unos códigos que forman el certificado digital, con el que se permite llevar a cabo toda una pléyade de operaciones públicas y algunas privadas.
Otro método es a través del DNI-e, que es el que ya emite el Ministerio del Interior, cuando se renueva o simplemente cuando se solicita para utilizar sus servicios. Va acompañado de una clave que se puede personalizar y tras la instalación del software adecuado en el navegador, se puede trabajar con él a través de un dispositivo externo que se conecta por cable USB o de los teclados que ya vienen preparados para ello.
Pero todos esos esfuerzos merecerán la pena si realmente conseguimos lo que la ley pretende, que para mí no es otra cosa que intentar que lo público funcione como lo privado.
*Secretario-interventor de Administración
Local de la Diputación de Cáceres
