El Gobierno de Pekín anuncia la eliminación de las restricciones impuestas a España para la adopción de niños y niñas chinos. Es una novedad importante para los cientos de parejas, o incluso personas individuales, que han elegido China como el país más adecuado para presentar la solicitud de adopción. Contra lo que pueda parecer, la Administración china, pese a una burocracia a veces exasperante, es de las que aplican mayor transparencia en estos procesos. Y eso bien que los saben las decenas de familias extremeñas que han pasado por ese trámite.
Si se había puesto un cupo a las solicitudes españolas era por otro motivo: los adoptantes, una vez conseguido su objetivo, se desentendían de las obligaciones complementarias que habían asumido, principalmente del deber de informar periódicamente de la evolución de los adoptados. Dejar de hacerlo es, de entrada, y como se ha demostrado, un perjuicio para los siguientes de la lista de peticiones. No es excusa suficiente que sea la misma burocracia china la que se muestra incapaz de administrar sus propias normas. Sigue siendo positivo que adoptar niños de otros países desde España esté bajo tutela pública. Pero eso también obliga a las administraciones a hacer menos farragosas las obligaciones de todos los adoptantes.
