Alrededor de 13.000 agricultores extremeños, hasta ahora encuadrados en el Régimen Especial Agrario (REA) de la Seguridad Social, se trasladan al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), es decir, pasan a ser considerados como ahora lo son muchos pequeños empresarios o profesionales. El cambio es positivo y, después de dos años de negociaciones, las organizaciones agrarias, cuyos integrantes están afectados por este cambio, así lo han saludado. A partir de ahora, los agricultores podrán ajustar su aportación a la Seguridad Social y con ello tendrán derecho a cobrar mayor o menor pensión; tendrán reconocidos los derechos de incapacidad temporal laboral; y podrán contratar, como empleadores, a hijos menores de 30 años, simplificando así un problema que sufrían muchos agricultores y ganaderos, cuyas explotaciones son familiares. Además, se calcula que, con las cotizaciones actuales, un agricultor de alrededor de 50 años tendrá un aumento de su pensión entre 120 y 150 euros.
Sin embargo, los agricultores de a pie miran con recelo el cambio. El régimen de los autónomos arrastra el estigma de la menor protección frente al general. Todo ello significa que tanto las organizaciones agrarias como el propio Ministerio de Trabajo tienen por delante un trabajo que hacer, el de informar con detalle y con claridad qué ventajas y qué inconvenientes supone a los agricultores el pase de un régimen a otro. Es lo menos que merecen quienes llevan años considerándose discriminados por tener una Seguridad Social de segunda división frente al resto.
