Los extremeños somos dados a no luchar demasiado y a dar pronto las causas por perdidas. Tampoco es tan extraño, posiblemente esa falta de combatividad es la consecuencia de tantos palos recibidos, que han conformado un carácter colectivo más bien fatalista y tendente al conformismo. Otro de esos latigazos, que no se entiende por ningún lado, nos lo están dando en los últimos meses con la demora cruel en conceder una licencia ambiental para seguir explotando nuestros recursos naturales, el níquel de la mina Aguablanca.

Los mineros han sido un ejemplo de lucha, llegaron seguramente hasta donde podían. No fue tampoco escaso el acompañamiento que recibieron de la sociedad extremeña a pesar de ser una comarca periférica en lo geográfico, pero al final las 400 familias de la comarca se han quedado en la estacada. Es patética la raspa que queda de aquella actividad primaria y con alguna primera transformación: 9 empleados mal contados y con malas perspectivas.

Está claro que, aparte de lo que se gana cada cual con su esfuerzo y cabeza, el destino de los territorios y sus paisanos está determinado por decisiones políticas, por lo que sobre ellos resuelven gente con poder delegado; personas que a veces en connivencia con intereses económicos privados, marcan la línea que separa el desarrollo de la limosna, convirtiendo popularmente a unos ciudadanos en eficaces trabajadores que contribuyen a la Hacienda y pesan mucho cuando se les deja caer en las balanzas fiscales, y a otros en teóricos holgazanes amigos de la sopa boba y el PER.

Ese norte-sur económico, pero sobre todo ideológico, que, en este caso algunos políticos dicen que lo están marcando los técnicos. Que no haya un veredicto ya sobre la posibilidad de continuar, o no, sacando níquel en el subsuelo no puede ser sino una de esas decisiones políticas que hacen de una persona trabajador o emigrante.

Que justo cuando se vayan a cumplir los tres meses para decidir, una y otra vez, se pidan nuevos documentos para la explotación de Aguablanca no admite ninguna explicación lógica ni técnica. Si hace falta un estudio geológico, ¿justo caen en ello cuando apremia el calendario? Esos técnicos sin nombre ni cara, de los que según la delegada del Gobierno depende todo, ¿solo se les enciende la bombilla en los últimos días?

¿O es que más bien estamos supeditados a los intereses políticos y económicos del Gobierno Rajoy y la multinacional Sacyr, nueva propietaria? Debería explicar el PP de Extremadura por qué cuando más voces tiene en el comité ejecutivo nacional es cuando menos caso se hace a un territorio al que parece que desde arriba se le quiere echar la llave.

El alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, apuntaba el otro día una cosa: no sabemos en realidad a qué ha venido Sacyr-Valoriza Minería. Es decir, cuáles son las intenciones del Gobierno, titular último de esta reserva minera, y de los dos grandes grupos que entraron en la operación, los canadienses de Lundin Mining y sobre todo los españoles de Sacyr; ¿a estos últimos les importa Aguablanca, o iba en el paquete de otros intereses?

Al final no se sabe qué pecado ha cometido una región disciplinada, responsable, sumisa -demasiado, a la vista del resultado-, que da mano de obra cuando se le pide, que paga impuestos como nadie con arreglo a su renta, y que es de las más leales con un proyecto colectivo de país del que otros se aprovechan.

Por eso es bueno, aunque no concorde con la habitual diplomacia, que se le haya dicho al ministro de Fomento que no es nada personal, y agradecemos hasta cierto punto su actitud -el jueves fue a Cantabria y no se reunió con el presidente Revilla en un hotel a 100 kilómetros de Santander sino en el despacho presidencial-, pero que no nos creemos mucho de ese tren de altas prestaciones que además no deja de ser un parche casi anacrónico.

* Periodista