El estremecedor caso de Claudia, la niña de siete meses que se encuentra muy grave en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, presuntamente por los malos tratos recibidos de un adulto, ha vuelto a mostrar la falta de diligencia, cuando no la desidia, de los diversos organismos que deben velar por los menores. El bebé fue ya ingresado en el mes de abril en un hospital de Tarragona con una fractura de fémur. Los doctores que atendieron a la niña vieron ya --e informaron de ello a la juez y a la Generalitat-- que la lesión era fruto de malos tratos. La jueza de Tarragona llamó inmediatamente a los padres del bebé y les interrogó como imputados. Pero creyó la versión de estos y no retiró la custodia. El fiscal no asistió a las declaraciones. Tampoco hizo nada la Dirección General de Atención a la Infancia del gobierno catalán, al entender que si la jueza no había constatado malos tratos, es que no existía. Pero sí existieron. Y siguieron. Hasta que la niña tuvo que ser otra vez hospitalizada, ahora con fractura craneana. El padre ha vuelto a ser interrogado, fue conducido ayer a prisión --el martes quedó en libertad con cargos-- y la custodia ha sido retirada. Pero tal vez sea demasiado tarde. Como lo fue en marzo del año pasado en el caso de la niña Alba, de 5 años, que difícilmente se recuperará de los daños cerebrales ocasionados por una paliza de sus padres que pudo evitarse. Ahora no valen lamentos. La justicia debe castigar con contundencia a quien maltrató a Claudia. Y las autoridades políticas y judiciales deben buscar responsabilidades por lo que parece ser una cadena de negligencias intolerables cuando se tenía que haber escarmentado por el escándalo anterior.
