WEwl Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acaba de admitir los argumentos presentados por Extremadura para que las zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) afecten a algo más de un cuarto del territorio en lugar de a las tres cuartas partes del mismo. La legislación comunitaria obliga a las regiones a adoptar medidas para garantizar la protección de todas las aves de ese territorio, incluyendo en ellas a las migratorias. En consecuencia se deben calificar de espacios protegidos todos los necesarios para que se cumpla esa ley. Hasta ahora, Bruselas, teniendo en cuenta un informe de la SEO-Birdlife, consideraba que era necesario que el 77% del territorio regional estuviera sujeto a protección y ahora, en base a un informe de la Universidad extremeña, lo ha rebajado hasta el 26%, lo cual ha sido saludado desde la Junta porque con el pronunciamiento del tribunal se aseguran las subvenciones europeas. Este puede ser un caso que sirva de ejemplo para quienes estiman que el exceso de medidas protectoras (las ZEPA dificultan el cambio de uso de suelo y la posibilidad de hacer proyectos urbanísticos o industriales) hace un flaco favor a los defensores del conservacionismo porque los sitúa, a veces sin razón, en el territorio de los fundamentalistas.
