El Alakrana navega hacia las Seychelles después de ser liberado por los piratas somalís que habían secuestrado hace 47 días al barco y a sus 36 tripulantes. La liberación se produjo tras el pago de un rescate de 2,3 millones de euros, que entregó el armador, aunque es previsible que, pese a que Zapatero se niegue a precisarlo, el Estado haya participado en la consecución del dinero. Bien está lo que bien acaba. La liberación del Alakrana es un éxito para el Gobierno, pero el final feliz no debe hacer olvidar el desarrollo del secuestro, en el que el Ejecutivo ha cometido errores. El principal es la detención de dos piratas por parte de la Armada española y su posterior traslado a España, tan solo dos días después del secuestro. Traer a los piratas a España comportaba procesarlos y juzgarlos de acuerdo con las leyes de un Estado de derecho, lo que, en una situación de extrema tensión, con el barco en poder de los secuestradores, solo podía contribuir a exacerbar los ánimos de los piratas y a crear complicaciones innecesarias. El Gobierno dejó creer, además, que la decisión del traslado era de los jueces, lo que provocó una nota de la Audiencia Nacional, que responsabilizó de la iniciativa al Ejecutivo. En el primer mes de secuestro, el Gobierno optó por el silencio y la discreción, como era oportuno. Después, asistimos a una algarabía de declaraciones, descoordinaciones y acusaciones. Ahora ha llegado el momento de que el Ejecutivo explique su actuación durante todo el secuestro.
