El Ayuntamiento de Albalá, localidad de 800 habitantes a 40 kilómetros de Cáceres, aprobó ayer optar al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos por cuatro votos de los ediles del Grupo Independiente por Albalá (GIA), contra los tres de los dos representantes del PP y del alcalde, que también pertenece al GIA, pero que tras el revés a su posición se plantea dimitir para no responsabilizarse de lo decidido.

El Ayuntamiento de Albalá tiene derecho, faltaría más, a hacer lo que ha hecho, que es acogerse a un procedimiento previsto. Incluso también tendría derecho a que la Administración autonómica no le pusiera palos en la rueda, por muy sorprendente que parezca y por muy inaceptable que sea que un asunto de esta envergadura, y que afecta a un amplísimo territorio, se hurte a las instituciones que lo representan la capacidad de, al menos, co-decidir sobre él. Pero eso fue lo aprobado por los partidos políticos en el Congreso, que al apoyar la creación de un ATC asumieron que la decisión sobre su ubicación fuera tomada entre una Administración local, un ayuntamiento, y la Administración central, el Gobierno.

A todo eso tiene derecho Albalá, pero los concejales que han votado el ATC tendrán que admitir que es llamativa la preocupante improvisación con que se ha tomado esa iniciativa, puesto que el pleno se pronunció después de una reunión con representantes de las asociaciones locales que duró apenas 90 minutos. Nada que ver con otras localidades candidatas que llevan meses discutiendo este asunto y algunos de cuyos vecinos han visitado, para su mejor conocimiento, instalaciones en Holanda que se pretende que sean el modelo de lo que se quiere hacer en España.

La preocupación sobre esa improvisación sube de grado, y raya en la sospecha de irresponsabilidad, después de que el alcalde revelara ayer en el pleno que la presentación de la candidatura sobre el almacén de residuos nació esta misma semana, a raíz de las llamadas de la agencia Efe a nivel nacional, preguntando con insistencia cómo es que Albalá no optaba al ATC, "porque tendría posibilidades" debido a que en su término hay una mina de uranio y que Enresa quiso hacer un estudio en el 2005. Lo que apunta el alcalde es, en el mejor de las casos, chusco y valdría para ruborizar a cualquiera, porque estaría afirmando que los concejales que han votado a favor han creído encontrar el futuro del pueblo en el ATC porque así se lo ha hecho ver no un riguroso estudio ni una documentada ilustración sobre el mismo, sino las preguntas de una agencia de noticias. Ni siquiera sería de peso la proximidad de la población con la antigua mina de uranio de Los Ratones ni ese estudio de Enresa, puesto que una cosa es el uranio, otra el uranio enriquecido y otra los residuos que aspira a acoger.

El rigor que se les ha pedido a los políticos, autonómicos y nacionales, es exigible a los concejales de cualquier localidad, porque también ellos toman decisiones que afectan a terceros. Cuatro concejales de Albalá han tomado una decisión legítima, pero sin medir las consecuencias ni siquiera para su propio pueblo. Hasta ahora, lo único que tienen y que no tenían ayer es una crisis municipal. Su decisión ha sido una especie de "aquí te pillo, aquí te mato" que merece la censura.