Una veintena de activistas de la organización ecologista Greenpeace puso ayer en evidencia que el dispositivo de seguridad en torno a la Central Nuclear de Almaraz no sirve para nada. Durante 45 minutos un miembro de este colectivo se paseó en paramotor por encima de las dos cúpulas de la nuclear, aterrizó y escapó; media docena se adentró en las aguas del pantano de Arrocampo y accedió a sus instalaciones en una lancha motora y el resto del ´comando´ colocó pancartas a la puerta de la planta y se manifestó en contra de la energía nuclear.
El resultado de esa acción no puede ser más desolador para quienes creen --que hasta ayer por la mañana eran la inmensa mayoría de los ciudadanos-- que una central nuclear como Almaraz está suficientemente protegida ante cualquier situación de riesgo. Y más cuando el Ministerio del Interior, desde mediados de abril, había activado un plan de alerta por amenaza terrorista que incluía una vigilancia especial --alerta de nivel 2 en la jerga policial-- de instalaciones e infraestructuras ´sensibles´ de la región, incluyendo en ellas, como es lógico, la planta nuclear.
La Delegación del Gobierno se apresuró a declarar que en ningún momento la seguridad de Almaraz estuvo ayer en entredicho. Se podía haber ahorrado la declaración. Estaba claro desde el principio, porque los ´asaltantes´ fueron ecologistas, no terroristas. Lo que no dijo es que no fue por la diligencia de las fuerzas de seguridad. ¿Qué hubiera pasado si el del paramotor o los de la lancha hubieran sido etarras o de Al Qaeda?
