Da la impresión de que el anuncio del consejero de Industria, José Luis Navarro, de que ha habido varias reuniones con empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz para acordar el traslado de su sede social a Extremadura, así como sobre el monto de la compensación por ampliar una década su vida útil, ha puesto en una situación incómoda a las eléctricas, a la central o a todas a la vez. De una primera declaración sobre su disposición a entablar esa negociación se ha pasado a una renuencia en profundizar en el asunto, de modo que las eléctricas propietarias de la nuclear echan la responsabilidad de concretar su posición a la central y ésta a las accionistas. Además, el primer calificativo que ha salido de boca de portavoces de Almaraz sobre los 600 millones en concepto de compensación por la prórroga ha sido el de "excesivo". Tal vez ese adjetivo sea muy matizable si lo analizamos desde la perspectiva de que la nuclear lleva funcionando 28 años y se propone continuar, al menos, otros 12 hasta alcanzar los 40 de vida útil.