La compañía tabaquera Altadis ha enviado una carta al presidente de la Junta para pedirle que presione al Gobierno y le haga ver que la nueva ley antitabaco que proyecta, y por la que se prohibirá su consumo en locales de hostelería, va a abocar al cierre del centro de elaboración de ligas para cigarrillos negros en Palazuelo, del que es propietaria, y en el que trabajan 22 personas. La presión de la compañía al Gobierno regional también la ha ejercido con el de Cantabria, comunidad en la que Altadis, como en Extremadura, tiene centros de transformación.
En primer lugar, cabe decir que el comportamiento de la tabaquera, que se encargó de airear con una nota de prensa por si a la Junta se le ocurría no hacer pública esa presión, es improcedente. Porque suena a chantaje: "Si el Gobierno aprueba la ley antitabaco los 22 trabajadores de Palazuelo perderán su empleo, así que presionen ustedes para que no la apruebe". Ese es el inaceptable sentido de la carta. No es extraño que los sindicatos le hayan contestado señalando que lo que está buscando la compañía son excusas para cerrar Palazuelo. Excusas, además, débiles, porque está por ver si la futura prohibición de fumar en bares y cafeterías va a suponer una reducción del consumo de tabaco. No ha sido siempre así en los países en que ya existe una legislación rigurosa. Tampoco ha sido así desde que se implantó la actual ley antitabaco, porque ahora hay más fumadores en España que el día que se aprobó.
