Todavía estamos intentando recuperarnos de la sorpresa que ha supuesto la adjudicación a una empresa de fuera de la región, del contrato del transporte sanitario terrestre, las ambulancias, frente al Consorcio Extremeño de Transportes formado por siete empresas y que llevaba 30 años llevándolo a cabo. Son casi 850 los trabajadores afectados por la subrogación que de ellos tendrá que hacerse el nuevo adjudicatario andaluz.
De la decisión se habla en las calles, por lo llamativo de que un contrato de 122 millones -precio provisional de adjudicación- se haya ido fuera, y por la preocupación que hay por las condiciones laborales ya que las empresas hasta ahora adjudicatarias se han encargado de divulgar a cuatro vientos que el precio de salida es poco menos que una locura, ya que estaría 23 millones por debajo del coste más los 17 que ha rebajado la empresa ganadora; aunque ellas a su vez lo hayan rebajado en ocho, que también lo han hecho.
Se trata asimismo de un tema muy sensible porque esas personas uniformadas en colores llamativos son la puerta de entrada de los frecuentados hospitales; ese conjunto de conductores en corro, de tertulia o con el ‘whatsapp’, que forman la cadena de ángeles de la guarda a la que junto a los sanitarios nos encomendamos cuando tenemos un problema de salud, y queremos que nos lleven a nuestra casa cuanto antes y lo mejor posible.
Llama la atención que este concurso no se haya dividido en lotes dado su enorme volumen económico, lo que habría dado opción al reparto y a que todo el mundo tenga derecho a comer, pero una vez hecho hay que exigir a la Administración que exija el cumplimiento estricto, como así ha prometido el consejero Vergeles, de las condiciones ofrecidas por el adjudicatario provisional, y se supone que definitivo.
La administraciÓN autonómica actual arriesga mucho con esta decisión. Son casi 1.000 trabajadores (si sumamos los 105 nuevos que habría que poner según los antiguos adjudicatarios) y otras tantas familias, vecinos, conjuntos de amigos… El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha distinguido sin embargo este jueves pasado, en un debate en la Asamblea de Extremadura, entre los intereses de los trabajadores, y de los empresarios que hasta ahora resultaban titulares del servicio.
La capilaridad social, y política, de esta decisión, es muy amplia, y ojalá se salde con una mejoría, o al menos mantenimiento de la situación actual, para pacientes y trabajadores. Un asunto en el que PP, y ya ha empezado, va a batallar mucho porque, qué les voy a contar, estamos a menos de dos años de las próximas elecciones autonómicas.
Los populares refriegan a Vara su promesa de «salvamento de las empresas extremeñas». Pero al usar para la crítica ese empeño reconocen de manera implícita que ese salvamento era necesario, y quien tenga algo de memoria, y es bueno tenerla aunque no frecuente, recordará cómo se adjudicaban a pura subasta y precio muchos concursos públicos durante el Gobex, y los fracasos de las empresas extremeñas al intentar impotentes competir con las grandes nacionales, de las que acababan siendo tristes subcontratistas en una cadena de explotación que finalizaba en el trabajador. Junto a la limpieza de hospitales, hay que recordar lo que pasó con el transporte escolar, y la entrada en tromba de grandes empresas nacionales.
Ambulancias, exámenes de Enfermería, y la directora de Canal Extremadura que se va. La sustitución de Carmen Santos podría ser el contrapunto a lo ocurrido con las ambulancias, y el reconocimiento de aquí hay gente que sabe hacer las cosas sin necesidad de buscarla fuera, aunque ciertos y jóvenes dirigentes políticos, pocos conectados con la tierra durante tantos años, sostengan lo contrario.
