La propuesta que la alcaldesa popular de Almaraz, Sabina Hernández, ha realizado por escrito a los propietarios de la central nuclear cacereña para que amplíen las instalaciones con un tercer reactor ha provocado el inmediato rechazo de la Junta de Extremadura, e incluso del PP, que se ha desmarcado de la iniciativa de su propia edil.

A día de hoy, hay pocas dudas de que en el futuro se necesitará generar mucho mayor volumen de electricidad en el conjunto de España para abastecer una creciente demanda por parte de las empresas y los hogares, que parece no tener freno. La cuestión es si será necesario recurrir a una medida tan impopular como la ampliación del parque nuclear o no. Los sectores más conservacionistas defienden que se puede satisfacer esa demanda con energías alternativas, pero hay voces más autorizadas en el plano técnico que aseguran que es insuficiente recurrir únicamente a los parques eólicos y solares, máxime cuando se trata de fuentes de energía más costosas que la nuclear.

En este escenario es en el que se mueve la alcaldesa almareceña para solicitar la ampliación de la central extremeña. Sabe que si el Gobierno decidiese generar más energía nuclear, optaría preferentemente por enclaves que ya cuenten con una central. Y justifica este tercer reactor para dar estabilidad económica, laboral y social a toda la comarca. Los datos avalan el impacto económico que estas instalaciones nucleares han tenido en la zona desde los ochenta. El informe presentado el pasado viernes por el catedrático de la Uex Juan Vega revela que si la central se cerrase en el 2020 se perderían 2.900 puestos de trabajo y el Producto Interior Bruto regional caería en 91 millones de euros.

La propuesta de Hernández es, por tanto, razonable si se mira exclusivamente en clave localista y numérica. Es lógico que un regidor municipal defienda aquello que genera puestos de trabajo y riqueza en su zona de influencia. Pero Almaraz no solo incumbe a la comarca en la que radica. Es un factor estratégico para Extremadura. Y no hay consenso absoluto en la región, ni el plano político ni en el social, sobre la conveniencia de que Almaraz siga operando más allá de su vida útil.

El pasado 30 de abril, el Consejo de Seguridad Nuclear remitió al Ministerio de Industria un informe favorable --aunque con 13 límites y condiciones-- sobre la solicitud de renovación del permiso de explotación de la central por un periodo adicional de diez años (hasta el 2020). Todo apunta a que el Gobierno dará el permiso definitivo en las próximas semanas.

Mientras las unidades I y II de Almaraz sean técnicamente seguras, deben seguir operando porque los españoles necesitan su luz. Ampliar el complejo nuclear con un tercer o un cuarto reactor, como plantea la alcaldesa, es harina de otro costal. Tiene razón la Junta cuando asegura que Extremadura ya ha cubierto su "cupo nuclear". Es el mismo razonamiento que en el caso del no al almacén nuclear en Albalá. La batalla debe ser otra. Cuando las autoridades decidan que Almaraz ha llegado a su fin, deberá estar aprobado un plan socio-económico que anule los impactos negativos. Ahí hay que concentrar todos los esfuerzos.