El alcalde de Mérida decidió ayer cerrar la empresa Extremeña de Grasas después de que los informes de los técnicos hayan concluido que la fábrica no ha adoptado, en el plazo de un mes que el dio el ayuntamiento, las medidas técnicas necesarias con el fin de que no emitiera malos olores.

Estamos ante un asunto serio y ante una decisión que no es fácil tomar porque, por un lado, el cierre afecta al trabajo de 30 personas. Y por otro lado hay una ley sobre actividades insalubres que cumplir. En este sentido, la decisión que ha tomado el regidor parece rigurosa y prudente. Rigurosa porque la ha tomado en cumplimiento de la ley, y prudente porque lo ha hecho tras dar suficientes plazos a los responsables de la empresa para que corrigieran las deficiencias y evitaran el mal olor. También es prudente porque limita el cierre al tiempo en que se corrijan los defectos.

Calle, con esta seria decisión, ha adquirido un serio compromiso ante los vecinos: no tolerará que quienes incumplan las leyes sobre actividades molestas campen por sus respetos. Cumplir ese compromiso en el futuro, y ojalá lo haga en todas las ocasiones, es algo que le debe el alcalde al conjunto de los emeritenses, pero muy especialmente a las familias afectadas por el cese de Extremeña de Grasas.