WEwn las últimas semanas, la "cuestión nuclear" ha cobrado actualidad en la región. La Central Nuclear de Almaraz tiene autorización hasta el 2010. Los dueños quieren prorrogarla, a lo cual se ha opuesto históricamente la Junta y el PSOE; incluso la petición de cierre de la central en el 2010 fue un compromiso electoral en las dos últimas elecciones. Pero el 22 de febrero, el presidente de la Junta entreabrió la puerta a un cambio de postura: la Junta accedería a la prórroga --asunto, por otro lado, que tiene que decidir el Gobierno-- si la central traslada su domicilio fiscal a Extremadura, lo cual supondría impuestos de 50 millones de euros. Esa puerta se abrió un poco más en el último Pleno de la Asamblea, cuando el PSOE votó contra una moción de IU que pedía, precisamente, lo que los socialistas llevaban en su programa. Y es aquí donde está el quid de la cuestión. Un partido político tiene derecho a cambiar de opinión. En este caso, además, parece lógica: para que la nuclear se cierre hacen falta alternativas que, hoy por hoy, no se prevé que haya en el 2010. Pero a ese partido le es exigible que lo explique a los ciudadanos a los que pidieron su voto. Los extremeños tienen derecho a saber por qué ahora el PSOE ha abdicado de ese compromiso. Si no corre el riesgo de ser tachado de oportunista.
