WEwl Parlamento español ha aprobado una ley que determina oficialmente que el tabaquismo pasa de ser un hábito tolerado a un problema de salud pública. Está justificado. El tabaco es la primera causa aislada de mortalidad en una sociedad en la que un tercio de sus miembros son fumadores activos.
Pero la ley, expeditivamente prohibicionista, tiene el problema de que se excede y es injusta en un punto capital: prohíbe de forma inmediata las salas específicas para el desahogo de fumar en los centros laborales, incluso si las acepta el personal. Esa dureza hacia los trabajadores se convierte, en cambio, en flexibilidad con los lobis de presión empresarial: concede hasta ocho meses para adecuar espacios para fumadores en los bares y restaurantes, y acepta una moratoria que aplaza la aplicación con rotundidad de las restricciones publicitarias a las grandes marcas. El rechazo de Sanidad a costear los tratamientos para dejar de fumar es otro error. En este caso, de falta de sentido práctico además de ser un desatino ideológico. Todo ello, en fin, priva a la ley de la exigencia moral de cumplirla y limita su alcance a la estricta obligación legal de obedecerla para que no te castiguen. Porque no es convincente.
