Magistrado
El Tribunal Supremo, al establecer una tabla de cuantías, dosis o porcentajes de droga a partir de las cuales se considera que se delinque por tráfico de estupefacientes, ha limitado las facultades jurisdiccionales de los jueces y asume funciones más propias del legislador. Los criterios propuestos han sido cuestionados por los propios especialistas, ya que las cantidades son en muchos casos insignificantes y la pena que supone es muy dura.
Los automatismos en materia penal plantean serios problemas prácticos, ya que el derecho es el espacio de las garantías, es el mundo del matiz. ¿Qué ocurrirá cuando esas cantidades se distribuyan cerca de un colegio? ¿Esas tablas serán válidas para compradores menores de edad?
