Hace casi cuatro meses que el Congreso de los Diputados recibió el proyecto de ley de reforma del Código Penal y sus señorías todavía no han tenido tiempo para formular sus enmiendas, que constituyen el pistoletazo de salida al siempre azaroso trámite parlamentario. Varias entidades sociales y algunos diputados ya han advertido de que lo más probable, si las cosas van a transcurrir a este ritmo, no pueda aprobarse en esta legislatura. Si se cumplen estos peores augurios, constituiría un rotundo fracaso del Ejecutivo, además de una gran frustración para la sociedad, que ve cada día, por ejemplo, cómo algunos conductores siembran el pánico en las carreteras sin que la justicia haga nada.
El caso que publicado días atrás del conductor del camión que mató a dos jóvenes de 21 años en Cantabria al invadir el carril contrario y que ha sido condenado únicamente a 500 euros de multa, o la absolución al conductor que conducía a más de 200 kilómetros por hora porque no supuso un peligro concreto, son solo los últimos de una larga lista de lo que bien se podrían considerar despropósitos judiciales.
La política de seguridad vial del Gobierno tenía dos ejes legales: el carnet por puntos --ya en marcha, con resultados en nuestro país más positivos que negativos, si bien en Extremadura, como ya publicamos ayer, no ha logrado reducir las muertes en la carretera--, y la reforma del Código Penal, que además de abordar otros ámbitos de la vida ciudadana prevé cárcel para la velocidad desproporcionada, las tasas de alcohol más altas y la conducción con el carnet retirado. Sin este cambio penal, asistiremos cada vez más a espectáculos bochornosos como el del vecino de Vigo que ha perdido 113 puntos, la licencia de conducir y, aun así, sigue circulando impunemente.
El presidente del Gobierno debería escuchar la alarma social que han despertado las muertes de la pasada Semana Santa --y que el propio Ministerio del Interior las ha considerado como un fracaso en los planes acometidos, porque pasaron del centenar-- para encabezar personalmente la lucha contra los accidentes de tráfico y ordenar a quien competa la tramitación exprés de los artículos de la reforma referentes a la seguridad vial, como razonablemente han propuesto varios colectivos de víctimas y expertos, así como el presidente de la comisión parlamentaria de Seguridad Vial, Jordi Jané.
El Ministerio de Justicia ha mostrado hasta la fecha poca predisposición a aceptarlo, por lo que parece llegada la hora de que Zapatero haga realidad la promesa formulada durante la visita que giró a la DGT rodeado de cámaras y micrófonos, cuando en los primeros meses del carnet por puntos la mortalidad bajó de modo espectacular. Allí se comprometió a dar el máximo apoyo a todas las iniciativas encaminadas a rebajar el drama de las carreteras. Es la hora de cumplir la palabra dada. Nada se lo impide. Hasta el PP se muestra dispuesto a secundarlo.
