La demanda social en torno a la memoria histórica y la deuda que tenemos hacia quienes lucharon contra el golpe de Estado primero y contra la dictadura después exigen una actitud decidida por parte de todos, de los investigadores, de los encargados de los fondos documentales y de los políticos responsables de Cultura. A unos nos exige que no olvidemos la función social de la Historia como transmisora del pasado, especialmente del pasado oculto, ése que normalmente afecta a la historia de la gente sin historia ; a otros les obliga a superar la calculada ambigüedad y desconfianza con que desde el Estado se ha contemplado siempre el derecho a la información por parte de los ciudadanos, habitualmente tratados más como súbditos a los que contentar con favores que como sujetos de derechos; y de los terceros, los responsables de la política cultural, esperan que sepan distinguir lo importante de lo accesorio y que no se rijan por la inmediatez de los resultados, ya que los frutos de las políticas culturales que buscan echar raíces sólo se recogen a largo plazo.

Pese a los esfuerzos realizados en el ámbito archivístico es mucho lo que queda por hacer. Extremadura, como se ha hecho en otras regiones, necesita un gran archivo de fondos contemporáneos en el que ir reuniendo todo lo que haya en los principales archivos nacionales sobre República, golpe militar, guerra civil, posguerra y dictadura. Habría que empezar por digitalizar los fondos relativos a la región existente en el Archivo Histórico Nacional (Madrid-Salamanca) y en el Militar de Avila e igual habría que hacer con todos los sumarios existentes en los archivos de los Tribunales Militares Territoriales de las regiones militares I y II. Y, finalmente, sería clave para el conocimiento de nuestra historia recuperar los fondos extremeños del archivo del Instituto de Reforma Agraria, actualmente depositados en San Fernando de Henares y de cuya importancia puede dar cuenta el hecho de ser Extremadura la región que allí ocupa más espacio en número de legajos.

Nada de esto es imposible. Primero porque ya hay comunidades como Andalucía, País Vasco y Cataluña que lo han hecho o lo están haciendo. Y segundo porque, dados los presupuestos que se manejan en Cultura en cualquier comunidad autónoma, no se está hablando de dinero. De llevarse a cabo, aparte de fomentar una necesaria conciencia histórica, se sentarían las bases de la necesaria renovación de nuestro conocimiento del pasado y se estaría apostando para que en el futuro los investigadores no tengan que ir de un lado a otro del país en costosísimas investigaciones buscando la historia de nuestra región.

*Presidente del GEHCEx