La decisión de un tribunal argentino de anular los indultos otorgados en 1990 por el expresidente Carlos Menem a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera honra al juez que ha dictado la resolución, restablece el respeto debido a las víctimas y pone de relieve la importancia de las leyes internacionales, que han establecido que los crímenes de lesa humanidad no prescriben en ninguna circunstancia. Poco importa que la resolución judicial tenga efectos más simbólicos que prácticos --los matarifes son ancianos con sus capacidades muy disminuidas--; lo verdaderamente relevante es romper con el principio de vergonzosa impunidad consagrado por Menem a pesar de la naturaleza execrable de los delitos cometidos por los militares en una de las etapas más negras de la historia da Argentina, y aun del Cono Sur entre 1976 y 1983.

A diferencia de otros países democráticos con parlamentos renuentes a exigir responsabilidades a aquellos responsables golpistas que los sumieron en el terror y en la barbarie, los tribunales argentinos disponen desde el año 2003 de una herramienta jurídica eficaz para perseguir los delitos cometidos por los gobiernos militares: la abolición de las leyes de punto final y los efectos derivados de su aplicación. Dicho de otra forma, con la derogación de las leyes de impunidad --que entraron en vigor en la etapa del radical Raúl Alfonsín antes por necesidad de aquietar la fiera cuartelera que por sentido de justicia--, es poco menos que imposible reabrir los sumarios de los responsables de 30.000 muertes y desapariciones sin extender los cargos a los máximos culpables de la matanza.

La ejemplaridad del camino seguido por Argentina, con todas las cautelas a que obliga el caso, tiene más valor si cabe porque se registra en un país en plena reconstrucción, y en el cual todavía se percibe --y se prolongará mucho tiempo-- el coste humano de la dictadura y donde los efectos del desastre económico derivado directamente de las presidencias de Menem y De la Rúa han dejado en estado de postración a una parte muy importante de la sociedad. Sin contar con la pérdida de influencia de Argentina en Latinoamérica, donde Brasil se ha asentado como potencia emergente.

Ninguna sentencia restañará las heridas abiertas por la tragedia desencadenada por el cuartelazo de 1976, pero la ecuanimidad de la justicia contribuirá a serenar los espíritus de tantas víctimas para las que las leyes de punto final supusieron una prolongación de la vejación --esta vez de la mano de un gobierno democrático-- a que fueron sometidas. No se trata de alentar un sentimiento de venganza, encauzado por un juez, ni de una insana manía persecutoria. Se trata, solo, de no confundir el perdón con el olvido; las víctimas, con los verdugos. Los familiares de muchos españoles que perdieron la guerra civil han contado hasta la saciedad de qué se trata, pero no siempre han sido escuchados y comprendidos.