La campaña electoral más atípica que ha vivido Cataluña desde la restauración de la democracia ha arrancado con la incertidumbre respecto el resultado final, como ayer mismo recordaba la encuesta del CIS, que predice un duelo entre ERC y Ciudadanos para llevarse la victoria. Es la campaña más atípica por lo sucedido y por lo que está en juego, con la economía catalana duramente golpeada por los efectos de la vía unilateral hacia la independencia y con candidatos encarcelados (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Joaquim Forn) o bien en un supuesto exilio en Bruselas (Carles Puigdemont y los exconsellers que lo acompañan.

Como recordatorio de que esta es una campaña excepcional en todos los sentidos, ayer el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió excarcelar a seis exconsellers que estaban en prisión preventiva pero mantuvo en prisión a Junqueras, Sànchez y Forn además de a Jordi Cuixart, a quienes atribuye riesgo de reiteración delictiva. Y en Bruselas, Puigdemont y los otros exconsellers comparecieron ante el juez que debe decidir si los extradita a España, en un proceso que se alargará algún tiempo más. Es innegable que esta variante judicial de la grave crisis política catalana tendrá un impacto sobre la campaña electoral y muy probablemente sobre el resultado las elecciones. Cuestiones legales al margen, ofrece argumentos al bloque independentista para seguir dibujando su imagen deformada de un Estado español autoritario, sin separación de poderes que coarta libertades y derechos fundamentales. La aplicación del artículo 155 de la Constitución es, según este relato, la expresión máxima de este autoritarismo.

Pero estas son unas elecciones autonómicas, y a ellas concurren los partidos catalanes, no un artículo de la Constitución Española. Entre los candidatos, se encuentran aquellos que desde las instituciones embarcaron a todos los catalanes en una aventura suicida que ha acabado con la Generalitat intervenida y con una profunda crisis política, social y económica. Una aventura basada en falsedades y que deja una acción de Gobierno paupérrima en Sanidad, Educación, o políticas sociales. En prisión preventiva, fugados o protagonizando mítines, ha llegado el momento de que la ciudadanía pida y reciba explicaciones y actúe en consencuencia. En urnas de verdad y con votos que cuentan.