WLwa industria tabaquera ha encontrado en una ley del mercado --bajar precios sube el consumo-- la forma de contrarrestar las campañas adversas. En esa línea, ha creado marcas de cigarrillos baratos, a menos de 1,50 euros, con gran éxito entre los adolescentes y la gente con menos recursos. Resultado global: las ventas, que empezaban a descender, remontan. Sale perdiendo a la vez la salud pública, pues la rebaja invita a fumar más, y bajan los ingresos fiscales de la Administración, que son porcentuales y contribuyen a pagar la factura sanitaria del tabaco. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo dice que estamos ante una "maniobra cruel" para introducir a los menores de edad en un hábito nocivo.
El Gobierno aún no ha reaccionado. Pero nada le impide utilizar los impuestos especiales para encarecer estos cigarrillos de serie B. Se calcula que subir los precios un 10% reduce el consumo un 4%. No aplicar este instrumento sería incoherente con la política general contra el tabaquismo, que no puede renunciar a ninguna de las vías que han demostrado su eficacia: restringir la publicidad, informar de los daños a la salud, acotar los lugares donde se puede fumar y gravar el tabaco con impuestos disuasorios.
