Tiene muchas ventajas hacerse mayor puesto que ello te permite recordar más cosas y ahora que tanta polvareda se está levantando con el ATC, tengo la sensación de que esta película ya la hemos visto muchos.

En los años finales del franquismo salió a subasta , privada en aquel caso (ahora la subasta parece ser pública aunque eso no produzca diferencia alguna, según parece) la ubicación de una fábrica de coches en el lugar que mejores condiciones ofreciera a la empresa, condicionada siempre, como se sabe, al preceptivo informe y autorización técnico administrativa correspondiente.

Hubo muchas candidaturas (pueden verse las hemerotecas...) y recuerdo que al final las zonas candidatas eran Cuenca y Valencia. Ni que decir tiene que se eligió Almusafes, comprando y destruyendo hectáreas y más hectáreas de naranjos muy productivos para hacer la fábrica, despreciando los terrenos que se le ofrecían gratis en otras zonas y cuyas producciones eran muy inferiores.

La empresa, privada, alegó la existencia de mejores infraestructuras en la zona y la mayor proximidad al mar para facilitar el tráfico de materias primas y productos acabados. Fenómeno. La industria se aprobó y se instaló y constituyó en sí misma otro de los factores de concentración y destrucción medioambiental en su zona y de despoblamiento de las zonas del interior de España, como la propia Cuenca, contribuyendo al problema quizá más grave que España tiene, en una perspectiva de largo plazo, como son los desequilibrios territoriales, tanto demográficos como económicos, que se dan entre el cinturón litoral y el interior peninsular, semidesértico si se exceptúa Madrid.

XAHORA, UNx organismo y una empresa pública hacen una subasta similar y llegan a una solución idéntica: Se olvida una perspectiva nacional y se incide una vez más en agravar los desequilibrios mencionados. Parece que los políticos y los técnicos, cuarenta años más tarde, no han cambiado mucho y con una miopía acaso interesada siguen anteponiendo visiones --a cortísimo plazo-- frente a una visión nacional como la que el problema exige.

Por ejemplo, la comisión ad hoc nombrada concluye situando a Albalá, en el centro de la provincia de Cáceres, en el último lugar de las siete candidatas por "las dificultades de acceso y la falta de carreteras adecuadas". Solo faltaría: esas deficiencias son las que han llevado a esa humilde población a ofrecerse (aparte de existir en el término toda una historia de explotaciones mineras relacionadas). Esas deficiencias son las que se corregirían con una instalación similar a la que se propone, no tanto por el almacén como por el centro tecnológico que debería entrar en el paquete.

Esas deficiencias son la causa de la petición y se convierten en causa de la denegación. Un gobierno que se plantea crear un órgano nacional gestor del agua no encuentra soluciones a un problema nacional que no sea agravando los desequilibrios de la nación.

Albalá tiene mejores condiciones geológicas por la estabilidad del terreno, menor posibilidad de accidentes in itinere (que acaso sea el mayor riesgo del proyecto en sí, una vez en marcha) mejores condiciones de aceptabilidad social al tratarse de una población y una comarca con baja densidad de población y, por tanto, mayor seguridad general para unas instalaciones que sin duda las requieren.

Caer en los mismos errores del franquismo terminal en cuanto a la falta de una visión más integral del territorio de España, cuando se trata de problemas nacionales como el de la energía y la I+D+i, que es el que subyace aquí, no dice mucho de la verdadera autonomía de los políticos/técnicos respecto del poder económico.

La elección de Zarra (que ya tiene vecinos nuevos provinientes del turismo costero y que está en el mismo valle que una central nuclear en activo), o vale decir, la postergación de Albalá, situada en una comarca despoblada y olvidada que podría renacer con esta instalación, demuestra la existencia de intereses diferentes a los nacionales y que se impondrán a estos, si no lo impide el propio Gobierno. Que así sea.