WEw spaña anuncia a Israel que evitará por ley que se juzgue a sus militares
La iniciativa de un juez de la Audiencia Nacional española de imputar penalmente a un exministro de Israel y seis militares de alto rango de ese país en nombre de la justicia universal, por el bombardeo que, en el 2002, mató en Gaza a un dirigente militar de Hamás y a 14 de sus vecinos, 11 de ellos niños y bebés, y heridas a otras 150 personas, puede ser discutible a nivel político pero en absoluto es disparatada desde un punto de vista jurídico.
El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional amparan esta actuación cuando se trata de delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y no hace falta que entre las víctimas haya ciudadanos españoles. Es discutible que pueda calificarse de genocidio aquel bombardeo, pero existen pocas dudas de que se trató de terrorismo de Estado. Para matar a un terrorista, a los militares hebreos no les importó causar, a sabiendas, una masacre de inocentes.
Ahora bien, resulta chocante que un país como el nuestro, que ha renunciado a ajustar cuentas con los responsables de la sangrienta guerra civil de 1936-1939 y de la brutal represión que la acompañó y la sucedió, se erija en juez universal de los crímenes de otros.
Víctimas de la represión en Latinoamérica, en el Tíbet y en Palestina tienen en la Audiencia Nacional --una jurisdicción especial que tiene su verdadera razón de ser en la lucha contra ETA-- la instancia a la que acudir que se les niega en su país o en el país agresor, lo cual nos convierte en un sustituto del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Claro que Israel no suscribió el tratado por el que se creó el TPI, y no puede ser llevado ante él por crímenes de guerra, salvo que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera tomar la iniciativa, cosa poco probable.
La incomodidad del Gobierno español ante estos hechos parece resultar evidente ante lo que considera una imprudente actuación judicial. Tanto que, de forma no menos imprudente, ha prometido a Israel que tratará de frenar este proceso (y otros pendientes de admitir por la última guerra de Gaza) y que a medio plazo modificará la legislación para hacer imposible que un juez español pueda perseguir a políticos o militares extranjeros.
Finalmente, repugna que el ministro de Defensa de Israel y líder laborista, Ehud Barak, diga que quien califique de crimen contra la humanidad el asesinato de un terrorista "vive en un mundo al revés".
En un mundo al revés vive quien justifica que para acabar con un enemigo se pueda matar impunemente a decenas de inocentes.
