El consumo de drogas entre los menores tiene una profundidad y efectos superiores a los intuidos, hasta el punto de que está directamente relacionado con las espectaculares cifras de fracaso escolar que se registran en España --el 30% de los adolescentes no terminan la ESO--, 13 puntos por encima de la media europea. La repercusión del consumo de cannabis, cocaína y drogas de diseño entre los menores es de tal entidad que los 34 expertos que han desfilado por el Senado el último año aseguran que la narcodependencia es responsable de la mitad de la elevadísima tasa de dicho fracaso. Se trata de un fenómeno preocupante a corto como a largo plazo porque hipoteca el futuro de un segmento importante de nuestros jóvenes --160.000 menores de 18 años están atrapados en la coca-- y malbarata los recursos que el Estado destina al sistema educativo. Sin contar el aumento de las bolsas de marginación asociadas a la drogodependencia.
El propósito de la comisión parlamentaria de exigir al Gobierno medidas radicales para atajar la distribución de droga en las aulas, para evitar que entre en ellas "una brizna de cannabis, una partícula de cocaína o una pastilla", es la única alternativa posible, pero acaso sea insuficiente para cambiar la tendencia. El compromiso de los padres en el seguimiento de los estudios de sus hijos, de los enseñantes para controlar el proceder de sus alumnos y de las fuerzas de seguridad para neutralizar las redes de distribución deben completar el trabajo. La multiplicación de testimonios no deja margen para la tolerancia: las aulas deben ser lugares libres de drogas o, en caso contrario, la sociedad deberá pagar un altísimo precio.
