No es que el modelo de financiación autonómico esté desfasado y la gente no lo quiera, sino que no satisface las ansias ególatras de algunas comunidades que pretenden sustituirlo por otro más asimétrico y desvertebrador, hacia el objetivo final de la autofinanciación. Porque ya no les interesa un modelo basado en la solidaridad y en la redistribución de los recursos, prefieren un sistema que garantice únicamente los aspectos básicos como los servicios sanitarios, educativos o asistenciales. Los buenos tiempos del autonomismo han quedado atrás, ahora habrá que afrontar el futuro desde una perspectiva diferente, soportar una forma extraña de entender la solidaridad.

Porque sin una financiación adecuada y equitativa, el proceso autonómico estará condenado al fracaso, será solo una carcasa estereotipada y vacía, un camino hacia ninguna parte, la historia de algo que pudo ser. No se puede pretender resolver un problema a costa de generar dieciséis, por eso alrededor del nuevo modelo se ha creado un clima de controversias y de desconfianza, donde las comunidades con mayores posibilidades, con Cataluña a la cabeza, pretenden rentabilizar la ventaja que les proporcionan las balanzas fiscales, para ello han acuñado una frase que dice que quienes tributan son los territorios y no las personas, y a partir de ahí, llegan a la conclusión de que debería recibir más quien más aporta, cuando la redistribución predica una doctrina totalmente diferente.

XPERO OCURREx que este proceso insolidario no viene solo, se ha hecho acompañar por un cortejo de adversidades como la destrucción del empleo, el desmantelamiento del tejido productivo, la anorexia por la que atraviesan las arcas públicas como consecuencia de la crisis y el alejamiento de los fondos estructurales europeos que han puesto rumbo a otras latitudes, algo que no solo nos convierte en más débiles y vulnerables, sino que nos introduce inexorablemente en el mapa conceptual de las desigualdades. Porque se da la circunstancia de que las comunidades más inconformistas son las que cuentan con una mayor influencia política, al funcionar como auténticos caladeros de votos, y al disfrutar del beneplácito del Ejecutivo, ya que disponen de unos partidos nacionalistas de escasa representatividad, pero de probada valía negociadora, capaces de garantizar los apoyos necesarios de cara a la gobernabilidad.

El problema al que se enfrenta la Extremadura del futuro, no es al de la escasez hídrica, ni al de los posibles trasvases, ni a la implantación de industrias contaminantes, sino al carecer de una estructura productiva capaz de hacer frente al gasto que esta comunidad genera, y que el diferencial con otras autonomías se vaya incrementando. A Extremadura no le existe un rasgo específico ni definitorio que pueda ser alegado en defensa de sus intereses y que le proporcione una posición ventajosa a la hora de plantear la negociación del nuevo modelo, ya que el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica, la ruralidad o el menor nivel de renta, son casuísticas concurrentes a una gran parte del territorio.

La persistencia de la clase política catalana, el martillo pilón de su terquedad y la cercanía de sus elecciones autonómicas, previstas para el año próximo, están actuando como un nudo gordiano sobre el cuello del Ejecutivo. Por eso ha sido necesario crear una nueva vicepresidencia encargada de desenredar tanto embrollo, echar mano de un político avezado como Manuel Chaves para tratar de restablecer el orden y la cordura. Pero Chaves no ha comenzado con buen pie, ya que ha instaurado un clima de bilateralidad con Cataluña que no está contemplado en la Constitución, olvidándose de que la reforma del modelo de financiación es un tema de Estado, y que por tanto debe ser discutido y aprobado por el Parlamento, porque aunque a algunos les pese se trata todavía de un proyecto nacional.

Cataluña ha puesto todo su empeño en conseguir un tratamiento diferencial, y al amparo del marco competencial de su Estatuto y de su anhelo identitario, conseguirá que el modelo de financiación territorial sea como un traje hecho a su medida, no importa si para ello tienen que salir perjudicas otras comunidades, o esquilmar aún más, las ya débiles arcas públicas, o pasar por encima de la actual coyuntura económica, renunciando a la búsqueda de políticas comunes o a una unidad de mercado que haga más efectiva la lucha contra la crisis. Han renunciado al maquillaje táctico de su tradicional discurso victimista en favor de una política de hechos consumados, tratando de anticiparse al posible impacto que la inconstitucionalidad del Estatuto pudiera provocar.

Es lógico que se tengan en consideración las circunstancias cambiantes que se han producido a lo largo de los últimos años, y que en base a ellas se establezcan los necesarios reajustes, pero eso no justifica alterar las reglas de juego, ya que ante la frugalidad del actual paraguas presupuestario, el mínimo desliz en beneficio de algunos, supondrá dejar a los demás a la intemperie. No se trata por tanto de una cuestión baladí con la que se pueda transigir, sino de algo sustancial que deberá ser perfectamente estudiado y razonado ya que de ello dependerá en buena medida el interés general y el futuro de mucha gente.