Esperanza Aguirre, que compagina el oportunismo y la combatividad, ha aprovechado los graves incidentes de Pozuelo de Alarcón para anunciar una ley que conferirá a los maestros el rango de autoridad pública igual que los jueces o los policías. Que en la escuela se ha perdido autoridad es una evidencia. Lo que no lo es tanto es que la autoridad se restaure con una ley, sobre todo, como es el caso, si de esa ley no se pueden derivar consecuencias penales porque las comunidades autónomas no pueden cambiar el Código Penal. Los fiscales extremeños, desde diciembre del 2008, ya consideran que una agresión a un maestro de la escuela pública -o a un sanitario en el ejercicio de su profesión- debe tratarse como un atentado a la autoridad, penado con hasta cuatro años de cárcel. Ya ha habido casos en nuestra comunidad de castigos con penas de prisión por agresiones a maestros y sanitarios.
Todo lo que se haga para reforzar de verdad la autoridad del profesor debe ser bienvenido. Pero para eso está ese pacto educativo que tanto reclama el PP y que ahora el ministro de Educación, Angel Gabilondo, está dispuesto a discutir. Ese debe ser el camino, en lugar de iniciativas apresuradas y oportunistas al calor de la emoción suscitada por unos incidentes que, además, es dudoso que estén originados por la falta de autoridad en las aulas.
