La Junta de Extremadura, que propuso esta semana la creación de un foro estatal para luchar contra lo que denomina "terrorismo doméstico", impulsará ahora una ley autonómica para ayudar y proteger a las víctimas de malos tratos, que incluye, según anunció ayer Rodríguez Ibarra tras el Consejo de Gobierno celebrado en Piornal, medidas para todo el proceso que viven las mujeres maltratadas, entre ellas garantizarles una pensión alimenticia hasta que el juez resuelva el caso. Paralelamente, el Ejecutivo incluirá en el currículo escolar dos horas cada trimestre para que los estudiantes debatan sobre la violencia de género.
Las medidas, loables y a la vez necesarias para intentar paliar esta lacra social --sólo durante el pasado año se registró un millar de denuncias por maltrato en Extremadura-- deben llevar aparejadas ahora un esfuerzo de los jueces, ya que un sector de la judicatura no parece haber entendido aún que la violencia doméstica no es sólo aplicar estrictamente las leyes, sino interpretarlas y prever lo que un perturbado puede llegar a hacer. Por suerte algunos magistrados son cada vez más sensibles al problema, pero vistas algunas de las últimas sentencias dictadas se nos antoja que aún queda mucho camino por recorrer.
