Veintiséis días ha necesitado el Gobierno de José María Aznar para activar a fondo los resortes del Estado con el fin de paliar los incalculables daños ocasionados por el fuel vertido por el Prestige en aguas de la cornisa atlántica. Un masivo despliegue de efectivos militares suplió ayer en las costas de Galicia a miles de voluntarios que, junto a los desesperados pescadores, han combatido artesanalmente las mareas negras. Y ayer también se creó un comité científico de crisis para afrontar los problemas que restan del naufragio, que no son pocos, porque los tanques del petrolero siguen vomitando fuel y se admite ahora que pueden reventar en el fondo del océano. Todo lo que se negaba, va confirmándose inexorablemente, y esta sombría expectativa se añade al riesgo de más mareas negras por el crudo que ya flota en el Atlántico.
Ayer, a cinco días de que se cumpla un mes del accidente del Prestige, cuando la magnitud de la catástrofe aún se desconoce y las ayudas y tareas de coordinación llegan con cuentagotas, Aznar dio sus primeras explicaciones públicas. Reconoció "posibles errores", aunque justificó su actuación. Pero ni ha visitado a los afectados, ni ha ido al Parlamento, ni se plantea la actuación de Estado que la oposición pide.
