Ante los últimos datos ciertamente alarmantes que sitúan a España a la cabeza de los índices de abandono de los estudios de bachillerato y Formación Profesional en el entorno de la Unión Europea (aproximadamente un 30%), el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido sacar adelante las medidas de flexibilización del bachillerato ya apuntadas el pasado mes de abril con el propósito de desarrollar los preceptos establecidos por la LOE.

Bien es cierto que el Consejo de Ministros ha puesto más condiciones de las previstas, como el permiso paterno o la necesidad de haber aprobado las materias comunes de primero antes de cursar las de segundo, pero se mantiene la idea de poder completar el bachillerato en un máximo de cuatro años sin el peso que hasta ahora padecían los alumnos, que se veían obligados a tener que repetir todo el curso si contaban con más de dos asignaturas suspendidas.

Las reacciones han sido positivas en general, porque la medida pretende facilitar trayectorias distintas, adaptadas a cada circunstancia, con el propósito de reducir el abandono de los estudios y de permitir que los niveles de educación asciendan en nuestro país.

En el fondo, subyace la idea de subvertir el concepto de curso para fijarse más en las asignaturas, en un esquema que se parece al que desarrollan las universidades en la actualidad. De esta manera, el alumno no tiene que repetir un año entero, sino solo recuperar aquellas materias que no pudo superar en una etapa anterior.

También ha habido, sin embargo, reacciones de otro tipo. Para implantar una reforma como esta es absolutamente necesario un apoyo decidido a los centros de secundaria, tanto desde el punto de vista del presupuesto como en el de las infraestructuras. El cambio que supone en la organización de la enseñanza es enorme.

Significa una manera muy distinta de entender la evolución académica y personal del estudiante, sin tener a mano el tipo de logística que se aplica en la universidad, pero con idénticos planteamientos teóricos.

Además, algunos colectivos docentes ya han mostrado su preocupación y se han manifestado en este sentido porque no están seguros de que el nuevo bachillerato sea una panacea contra el abandono o a favor de una mayor calidad de la educación. Dependerá, en buena medida, de los recursos que los centros escolares puedan destinar a partir de la aplicación de las nuevas medidas gubernativas a una evolución mucho más personalizada.

La educación secundaria se encuentra en una situación delicada. Sería deseable, por lo tanto, que el decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros revertiera no solo en una mayor flexibilización, sino en un aumento y consolidación de las exigencias académicas. Nos jugamos aquí el futuro.