WSw i suenan tambores de bajada de impuestos es que se acerca la batalla electoral. Primero fue Rajoy asegurando a mileuristas y pensionistas --escala baja de contribuyentes-- que quedarían exentos de pagar el IRPF. Y ahora Zapatero quien anuncia la supresión directa del impuesto del patrimonio (IP), que aparenta beneficiar a los más ricos, aunque cada vez afecta más a las clases medias. La contradicción es evidente: la derecha quiere favorecer a las clases populares y la izquierda moderada renuncia a uno de sus símbolos, poner impuestos a los ricos. Pero ambas promesas electorales tienen su truco, que parte del conocimiento concienzudo de quién paga cada impuesto. En el caso del PP, la oferta --que no ha ido acompañada de datos sobre su efecto en la recaudación-- se incluye a buena parte de los ya exentos de IRPF y, de paso, se prima la idea de que con contratos baratos no se pagan impuestos. En la supresión del IP hay razones solventes. Una figura impositiva como esta no existe en la mayoría de países de la UE, se acaba con la guerra entre autonomías por reducir los impuestos cedidos --la eliminación obliga a compensarlas--, y ya no es útil para vigilar a los evasores. En lo último, basta saber que en Extremadura hay 9.622 contribuyentes, que pagan algo más de 9 millones al año. Y en el terreno conceptual, también el IP pierde argumentos: si se paga por lo que se ingresa o lo que se gasta, no es justo hacerlo también por lo que se tiene, que es fruto del esfuerzo acumulado.
