Era el secreto de Polichinela: Batasuna, HB y Euskal Herritarrok eran franquicias de la organización terrorista ETA. En consecuencia, al ilegalizarlas, los tribunales españoles se limitaban a cumplir lo establecido en Ley de Partidos. Todos lo sabían, pero en función de las circunstancias políticas había quien hacía como que no quería enterarse. Ahora, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya nadie podrá hablar de "instrumentalización de los tribunales al servicio de intereses políticos".

La sentencia, que crea jurisprudencia, debería hacer reflexionar a los dirigentes del PNV --y a los de CiU--, pero, de igual modo, creo que contiene elementos que pueden ser de gran utilidad jurídica en el solar de nuestro cachazudo Tribunal Constitucional. Digo esto porque a luz de lo sentenciado por Estrasburgo habría resultado de muy difícil articulación la reciente -y polémica- sentencia que permitió que Iniciativa Internacionalista presentara lista para el Parlamento Europeo.

La ETA, como en su día aclaró el juez Baltasar Garzón , es un conglomerado de geometría multiforme, un movimiento que mezcla la acción terrorista con iniciativas de corte político o sindical. Batasuna, era el frente político, con Otegi como mascarón de proa. Una vez que fue ilegalizada, crearon otras franquicias. La sentencia de Estrasburgo lo deja claro: colocar fuera de la ley a Batasuna "fue una necesidad social imperiosa". Decisión propia de una democracia que se defendía de una organización que -según declara la sentencia- "era un instrumento que apoyaba la estrategia terrorista de la ETA". Así de claro. Convendría, ya digo, que tomaran nota en nuestro Tribunal Constitucional. Que bajaran de la nube, vaya.