En los próximos días, el presidente norteamericano, Barak Obama, sancionará la ley que reforma en profundidad el sistema financiero de Estados Unidos, incluido Wall Street. Se trata de la segunda gran batalla política de la que el mandatario sale victorioso, tras la reforma sanitaria.

La nueva normativa crea las bases para que no vuelva a producirse una crisis como la que en septiembre del 2008 puso en jaque al sistema financiero mundial --ya globalizado--, acabó con el gigante Lehman Brothers y contagió a toda la actividad productiva. Y también persigue evitar que el Estado tenga que salir de nuevo al rescate del sector poniendo en una delicada situación al presupuesto público, que en el 2008 puso a disposición de la banca hasta 700.000 millones de dólares.

Además de aumentar las atribuciones de los reguladores, como la Reserva Federal y la comisión del mercado bursátil, la ley acota las operaciones de derivados financieros, limita los riegos asumibles por los bancos y prevé el nacimiento de una agencia de protección de los consumidores.

Con estas medidas, el sistema norteamericano se acerca al europeo, más regulado y transparente que el del nuevo continente. Es un paso adelante, pero, una vez superada esta fase, todavía queda por resolver la gran asignatura: cómo coordinar las finanzas mundiales no solo para impedir una nueva debacle, sino qué mecanismos se establecen para que, llegado el caso, sean las propias entidades financieras las que paguen los platos rotos sin amenazar el necesario equilibrio presupuestario de los estados.

La cumbre del G-20 que se celebró en Toronto el pasado mes de junio dejó claro que todavía falta mucho para que las grandes potencias y las economías emergentes se pongan de acuerdo. Parece que hay coincidencia en el diagnóstico --el problema es la falta de regulación--, aunque no todo el mundo está dispuesto a imponer una tasa a los bancos con la que hacer frente a eventuales crisis, como ya han anunciado Reino Unido, Alemania y Francia. En el caso español, el fondo de garantía que ya existe podría servir de base.

Sin embargo, en Estados Unidos es mucho más complicado, dada la aversión a lo público del potente sector financiero, como demuestran las prisas que se han dado los bancos en devolver el dinero a Washington para quitarse de encima la lupa del Tesoro.