Hay noticias que, en ocasiones, requieren ser leídas en más de una ocasión porque suenan demasiado inverosímiles. Es el caso de la historia de Julia, una mujer de 49 años que fue expulsada de una charla comercial en un hotel de Motilla del Palancar (Cuenca) porque tiene síndrome de Down y podía «asustar a la gente» que asistía al encuentro, según denunció su hermana. La magnitud de la discriminación y la grosería hacia Julia -corroboradas por testigos- han llevado a su familia a anunciar que presentará una denuncia contra la empresa organizadora del acto comercial.

Una de sus hermanas explicó que cuando entraron en el local donde se daba la charla, en compañía de unos vecinos, el comercial les dijo que sería mejor que su hermana no estuviera en el evento e incluso les sugirió que dejaran a su hermana fuera y que ellas entraran a presenciar la charla. El abogado de la empresa organizadora del acto comercial ha rechazado la versión de la hermana, asegurando que en ningún momento se le dijo nada a la mujer con síndrome de Down. El alcalde de la localidad manchega ha salido en defensa de su vecina y ha asegurado que la empresa ha puesto excusas porque hay otro matrimonio que ha corroborado la expulsión. El Cermi de Castilla La Mancha ha lamentado y condenado los hechos, que los ha calificado de violación de los más elementales derechos que asisten a toda persona.

Resulta vergonzosa una actitud de este tipo. Y aún lo es más que, según denuncian asociaciones como la Federación Catalana de Discapacitados Intelectuales (Dincat), no se trata de casos aislados. Ha habido denuncias en Almería o Lleida porque se prohibió la entrada de grupos a pubs u hoteles por los mismos motivos esgrimidos contra Julia.

Una sociedad moderna no puede tolerar actitudes discriminatorias e insultantes como las que sufrió Julia. Las administraciones deben esforzarse por erradicarlas y por lograr la plena igualdad e integración en todos los ámbitos de los colectivos con discapacidades. Es una asignatura pendiente.