Abogada
Acabamos de celebrar el 25 aniversario de nuestra Constitución, cuyo texto marcó un importante avance en el reconocimiento de los derechos de la mujer; de la igualdad entre hombres y mujeres; por lo que supuso de paulatina incorporación de la mujer a la vida social, política, laboral y cultural.
La aprobación de nuestra Carta Magna vino a significar un punto de inflexión en el cese de situaciones de flagrante discriminación, iniciándose una serie de reformas de leyes que tenían, entre otros fines, el sometimiento de la mujer, el control sobre su sexualidad, su patrimonio y su maternidad.
Y si bien hasta hoy hemos recorrido un camino importante, todavía nos queda un considerable trecho por andar.
Y en este trecho, inmersos como estamos en esta oscurantista actualidad, nos encontramos, quizás, ante la que puede ser considerada la mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Y también las más trágica: la violencia de género. Según las asociaciones de mujeres, las mujeres asesinadas desde 1996 superan las 500. Ante esta gravísima situación la pregunta es: ¿Que ha hecho o qué medidas ha tomado el gobierno?
Las medidas legales que se han llevado a cabo no han conseguido frenar esta situación, primero porque han sido claramente insuficientes, y después porque no se han dotado de los recursos económicos necesarios para su puesta en marcha.
En el PSOE creemos firmemente que los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho a vivir sin violencia, forma parte de los derechos humanos. Por eso apostamos por una ley integral contra la violencia de género, como único instrumento, o el mejor, para garantizar la vida y la libertad de éstas, y donde queden definidas las responsabilidades del Estado ante la vulneración de este derecho. Desde los partidos políticos, las asociaciones de mujeres, desde todos los sectores implicados, tenemos la obligación de concienciar a la sociedad de la gravedad de este problema. Máxime cuando situaciones recientes como la del alcalde popular de Toques, condenado por un tribunal por abusos a una menor, se ve amparada por el señor Fraga, que, no olvidemos, es el presidente de honor del PP, quien tildó de "menudencias" este gravísimo acto. O sin tener que ir más lejos, las propias declaraciones del concejal popular de Mérida, señor Robustillo, para quien tratar la violencia de género en la escuela sería "un circo". Y tampoco contribuyen a apaciguar el constante clima de violencia las declaraciones de los obispos aludiendo a los "efectos perniciosos" de la revolución sexual como causa de la violencia de género. ¿Cuántas vidas más serán necesarias para que este gobierno olvide el "déficit cero"? Pero también la sociedad tiene su parte de responsabilidad. Y tiene que reaccionar. Entre todos tenemos que ser capaces de generar una movilización social igual que la que generó la violencia terrorista. Tenemos que ser capaces de salir a la calle a gritar ¡Basta ya! ¡Ni una sola mujer maltratada más! ¡Basta de toda discriminación a las mujeres!, seguro que así, al menos, conseguiremos hacernos oír con la suficiente contundencia y claridad por toda la sociedad.
