El mes de octubre acaba el plazo para que todos los países de la Unión Europa apliquen la directiva comunitaria que prohíbe el correo electrónico no deseado, o spam. Estos mensajes-basura se han convertido en algo más que una intromisión molesta: suponen ya casi la mitad del tráfico de e-mails en el mundo. Nuestro país se ha puesto al día, y en la ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (la Lssi) el Gobierno optó por la regulación más favorable al usuario: al menos en teoría, desde España sólo se puede enviar publicidad a personas que hayan dado permiso explícito para ello. Sin embargo, eso no resulta ni mucho menos suficiente. La prueba es que, desde la entrada en vigor de la ley, pocos cambios ha notado el internauta. En primer lugar, por la facilidad con la que, en la letra pequeña de contratos de todo tipo, autorizamos a utilizar nuestros datos. Pero lo peor es que una normativa española, o incluso europea, sirve de poco cuando el grueso del correo-basura viene de EEUU, directamente o a través de pequeños paraísos postales. Son necesarias la implicación de EEUU y una intervención activa de los servidores de correo para librarnos de la condena de utilizar continuamente la tecla borrar.
