El acto conjunto y la firma de un documento protagonizados días atrás por el partido indepentestista Eusko Alkartasuna (EA) y por representantes de la llamada izquierda aberzale (por otro nombre Batasuna) constituye un paso más en la estrategia que debería culminar, según destacadas voces del radicalismo vasco, en el abandono de la violencia por parte de ETA. En el acto constitutivo de ese polo soberanista, presentado a bombo y platilloo y dando a entender que de él se sacarían importantes conclusiones para el mundo radical, ni se mencionó, sin embargo, a ETA ni se condenaron sus acciones. Es decir, lo de siempre. A lo más que se llegó fue a subrayar un compromiso que los firmantes tildaron de "exclusivo", con las vías pacíficas y democráticas y a establecer la renuncia "al uso de la violencia" o a la amenaza de "usar la fuerza" para influir en las negociaciones políticas.

En otro tiempo y en otras condiciones, eso no sería poco, pero ocurre que desde la ruptura en el 2006 de la última tregua de ETA las condiciones del Gobierno están claras: Batasuna solo podrá participar en las elecciones o volver a la legalidad si los terroristas abandonan de manera "unilateral, incondicional y definitiva" las armas o, en su defecto, si los radicales rompen de facto y con pruebas fehacientes con ETA.

Estas condiciones no han variado y desde el pasado fin de semana las ha venido repitiendo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. A este mensaje, el ministro le ha puesto un inusitado énfasis para salir al paso de la innecesaria y contraproducente polémica que ha suscitado el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren.

Innecesaria porque las condiciones no han cambiado y contraproducente porque lo peor que puede pasar es que los amigos de ETA puedan creer, a través del deseo de Eguiguren de legalizar a Batasuna, que sí lo han hecho. Un cargo tan importante en el PSE y con tanta experiencia debería saber que precisamente ha sido la política de firmeza y sin fisuras desde que la banda terrorista voló la T-4 y segó dos vidas la que ha llevado a los radicales a interiorizar que solo podrán hacer política legal si se distancian de ETA, que ahora se ha podido convertir para ellos en un obstáculo más que en una ayuda.

Con todo, algo está cambiando en el mundo de Batasuna. Por eso esa firmeza en lo esencial no debe impedir que se adopten decisiones que faciliten el desenganche. En este aspecto, la discreción es esencial. Entre otras razones para evitar que el ala dura del PP, con Mayor Oreja al frente, ponga constantes palos en las ruedas de una solución. Porque parece que al PP lo que más le molesta es que esa solución pueda llegar mientras aún gobierna Zapatero.