El caso Kelly le ha costado la cabeza al presidente y al director general de la BBC. Los responsables de la radiotelevisión pública británica han pagado por la ligereza con que un periodista suyo exageró una información y por no haberle sancionado. El juez ha exonerado, en cambio, a Tony Blair de una acusación concreta: no hay pruebas de que exagerase deliberadamente la peligrosidad del armamento de Sadam respecto de los datos que le facilitaron sus colaboradores. Más allá de estas dos decisiones, el magistrado no ha querido entrar en el fondo de la cuestión. Ha emitido un aprobado general a la actitud de Blair cuando hoy ya es evidente que su Ejecutivo llevó al país a la guerra haciéndole creer que Irak era un peligro objetivo para la paz mundial.
Más allá de todo esto y sus matices, llama la atención cómo el Gobierno británico ha tenido que rendir cuentas sobre la elaboración de los informes de sus servicios secretos, su utilización política y las condiciones en las que se filtran a los medios. Eso es un oportuno ejemplo que recibe España de una democracia madura, ya que aquí ante cualquier control democrático el Gobierno se considera víctima de una extralimitación, agresión e insulto.
