Así, casi sin hacer ruido, los responsables de la Consejería de Economía han optado por adaptar la normativa autonómica que regula la actividad de las cajas de ahorro a la ley estatal. Una de las claves del nuevo proyecto, el blindaje implícito que conlleva el anteproyecto de ley, que obliga a dar el OK al gobierno autónomo a fusiones extraterritoriales, ya sean entre entidades de ahorro o cajas rurales. Ojo a este dato.